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La compra de falsificaciones cuando el precio del producto original es elevado es un hecho en uno de cada tres europeos, aunque esta cifra asciende a la mitad cuando se trata de consumidores más jóvenes, de entre 15 y 24 años, según el informe un nuevo estudio Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual: percepción, sensibilización y comportamiento realizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Por otro lado, casi cuatro de cada diezeuropeos se han preguntado alguna vez si han comprado un producto falsificado, mientras que, en el caso de los jóvenes, la mitad alberga la misma duda.
El informe detalla que el 13% de los europeos afirma haber comprado falsificaciones intencionadamente en los últimos 12 meses. Esta cifra asciende al 26% en el caso de personas de entre 15 y 24 años, el doble de la media de la UE, mientras que disminuye hasta el 6 % en el grupo de edad de 55 a 64 años y a menos del 5% entre las personas de 65 años o más.
A pesar de que las cifras evidencian que existe un consumo, el 80% de los ciudadanos europeos cree que detrás de estos productos hay organizaciones criminales y considera que la compra arruina a las empresas y destruye empleos. El 83% de los encuestados también cree que este tipo de compras respalda un comportamiento poco ético, y dos tercios lo consideran una amenaza para la salud, la seguridad y el medio ambiente.
A nivel nacional, la proporción de consumidores que han comprado intencionadamente falsificaciones varía entre el 24% de Bulgaria y el 8% de Finlandia. Aparte de Bulgaria, la compra intencionada de falsificaciones se sitúa por encima de la media europea en España (20%), Irlanda (19%), Luxemburgo (19%) y Rumanía (18%).
Las diferencias entre Estados miembros también son significativas: mientras que en torno a una cuarta parte de los consumidores de Dinamarca y los Países Bajos (26%) no estaban seguros de si lo que compraban era auténtico o no, esta cifra se eleva hasta el 72% en Rumanía.
Por otra parte los europeos también tienen dudas sobre la legalidad de las fuentes que utilizan para ver contenidos online: el 41% se pregunta si la fuente a través de la que accedió era legal o no.
El 43% de las personas encuestadas alegan que acceden a estos productos porque se encuentran a un precio más bajo que los originales, de manera contraria no lo harían. Asimismo el 27% coincide que no acceden a este mercado porque los productos pueden ser de mala calidad, el 25% hace alusión a la seguridad de las compras y el 21% respondió que no consumen este mercado por sanciones que podrían tener estas acciones. Estos son factores clave para que los consumidores dejen de comprar falsificaciones.
PIRATERÍA DIGITAL Y DEPORTES
En lo que respecta a la piratería, el 82 % de los europeos está de acuerdo en que acceder a contenidos digitales a través de fuentes ilegales puede conllevar prácticas perjudiciales, como estafas o contenidos inadecuados para menores.
En general, los europeos se oponen al consumo de contenidos pirateados: El 80 % afirma que prefiere utilizar fuentes legales para acceder a contenidos en línea si se dispone de una opción asequible.
De hecho, casi 9 de cada 10 personas conocen al menos un tipo de oferta legal de contenidos en su país y, en el último año, más de cuatro de cada diez europeos (43 %) han pagado un servicio legal para acceder, descargar o ver por streaming contenidos protegidos por derechos de autor.
Sin embargo, una gran mayoría de las personas encuestadas (65 %) considera aceptable piratear cuando el contenido no está disponible en su suscripción.
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Además, el 14 % de los europeos admite haber accedido intencionadamente a contenidos a través de fuentes ilegales en los últimos 12 meses. El porcentaje aumenta a hasta un tercio del total en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años que recurrieron a la piratería sobre todo para ver retransmisiones deportivas, a través de dispositivos o aplicaciones ilícitos de streaming.
La proporción de personas que acceden a contenidos pirateados también varía según el país, desde el 9 % de Finlandia y Dinamarca hasta el 22 % de Malta. Los ciudadanos alegan que una mayor asequibilidad y variedad de contenidos de fuentes legales para no decantarse por contenidos pirateados sería una solución al problema.